Con este compromiso de combatir las situaciones de desigualdad de las personas que se encuentran en situación más vulnerable en Mallorca se rubricó, recientemente, el Pacto para la Inclusión Social por parte de la mayoría de los partidos políticos con representación al Consejo de Mallorca y EAPN-Islas Baleares Red para la Inclusión Social. Concretamente, firmaron, como representantes de sus formaciones, el presidente Llorenç Galmés (PP), Catalina Cladera (PSOE), Jaume Alzamora (Más por Mallorca) y Antoni Salas (Pi-Proposta por las Islas), así como Xavier Torrens por EAPN-Islas Baleares.

El texto comprende líneas de actuación conjunta para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de Mallorca y para garantizar sus derechos, desde la dignidad y la equidad. Igualmente, también recoge toda una serie de iniciativas para facilitar la gestión y la actividad de las entidades sociales que trabajan directamente con las personas en riesgo de exclusión social, en colaboración con las administraciones autonómicas, insulares o locales.

"Firmamos nuevamente este Pacto para la Inclusión Social porque queremos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Mallorca. Para conseguirlo, es necesario que administraciones y entidades nos coordinemos y vayamos del brazo", señaló el presidente Llorenç Galmés, el cual, además, añadió que "desde el Consejo de Mallorca trabajamos para impulsar políticas que favorezcan la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los mallorquines y mallorquinas, pero somos conscientes que la tarea que duis a término las diferentes entidades es clave para llegar a todas las personas que tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas, puesto que nosotros a solas no podemos llegar. Nuestro compromiso es mantener vivo este Pacto durante toda la legislatura".

En concreto, el Pacto prioriza toda una serie de medidas encaminadas a reducir la pobreza y favorecer la integración social y laboral de las personas en riesgo de exclusión, trabajar para erradicar los discursos de odio y criminalización de la pobreza, desarrollar herramientas de diagnóstico para conocer la situación real y poder implementar las políticas más adecuadas para avanzar hacia la justicia social, garantizar el acceso universal a derechos, recursos y prestaciones básicas, garantizar y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna o ampliar y consolidar los programas de formación e inserción laboral de colectivos más vulnerables, entre otros.

Igualmente, también se hace constar el compromiso de trabajar para definir e implementar un marco de financiación estable para las entidades del tercer sector, impulsar el proceso de concertación del servicios o, si no es posible, sustituir las subvenciones anuales por plurianuales, así como garantizar unas condiciones laborales dignas de los profesionales de las entidades y la calidad de la intervención, y promover la contratación pública con las entidades sociales sin ánimo de lucro y empresas de inserción.

El acto de firma tuvo lugar en el Palacio del Consejo al cual también asistió el consejero de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez.

Con el fin de velar por el cumplimiento de estas medidas se creará una comisión de seguimiento que, además, priorizará las acciones que se tienen que trabajar cada año.